España: El movimiento sindical ante el nuevo gobierno

SURda

Opinión

España

Miguel Salas

 

La caída del gobierno del PP representa una oportunidad para iniciar un giro político y social, un giro que no dependerá de las alianzas o mayorías parlamentarias sino de la presión y la movilización. La confluencia de numerosas y variadas fuerzas políticas permitió echar a Rajoy, pero los intereses comunes pueden tener muy poco recorrido. Hay que tener en cuenta que se ha producido un cambio en frío, sin que, ni siquiera a nivel parlamentario, sea el resultado de un giro social hacia la izquierda. El gobierno de Pedro Sánchez ha generado ilusiones, pero su composición deja mucho que desear respecto a las medidas que pueda tomar para responder a los graves problemas que se han ido acumulando en los años en que ha gobernado el PP. Por eso, es tan importante para el movimiento sindical, como para todos los movimientos, fijar desde el principio las exigencias ante el nuevo gobierno.

Hay muchos y duros agravios acumulados de los años en que gobernó el PP: reforma laboral, Ley Mordaza, con más de 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga o manifestación, recortes en pensiones, un descenso salarial nunca visto, precariedad galopante, etc. Todos y cada uno de esos problemas tienen que estar presentes en la presión y movilización para que el nuevo gobierno responda.

Las direcciones sindicales ya han empezado a tomar posición. En un comunicado, UGT “Recuerda al Gobierno que debe abordar en poco tiempo los grandes problemas que son de su competencia, como la revalorización de las pensiones, la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, la recuperación del Pacto de Toledo, y combatir las lacras generadas en el mercado laboral por las reformas de 2010 y 2012, que han generalizado la precariedad, los bajos salarios, y el número de trabajadores pobres. Algunas medidas deberían abordarse con carácter prioritario porque no pueden esperar, como la derogación de la Ley Mordaza-para acabar con la censura-, sin olvidar la derogación de la reforma de las pensiones o la de la reforma laboral, que es un elemento clave para solventar muchos de los problemas y desajustes del mercado laboral”. El 6 de junio, en una asamblea de ugetistas en Aranjuez, el secretario general Pepe Álvarez, declaraba que “lo que no seamos capaces de ganar en la calle, va a ser difícil que nadie nos lo regale”. Al día siguiente, en una entrevista en El Economista decía que “UGT no va a dar un cheque en blanco ni a Sánchez ni a nadie”.   

La Comisión Ejecutiva de CCOO aprobó una resolución en la que expresa que “Con la constitución del nuevo Gobierno se iniciará una nueva etapa que, por una parte, genera grandes expectativas para todas y todos aquellos que anhelamos un giro social en la acción de gobierno y, por otra, va a ser compleja de gestionar. […] De hecho, el compromiso de Pedro Sánchez con los PGE del PP y con los términos de Plan de Estabilidad para España (2018-2021), que es entendible desde el punto de vista de la emergencia política, hace presagiar pocos cambios en la política económica. Recordemos que el compromiso de llegar a un superávit del 0,1% en 2021 reduciendo el gasto público hasta el 38% del PIB, supone todo un programa de ajuste. Decíamos que estos presupuestos son los de la resignación y lo mantenemos”. CCOO exige “Abordar modificaciones sustanciales en la legislación del mercado laboral, las pensiones, la dependencia, la igualdad salarial, la salud y seguridad en el trabajo, etc.”.

En Galicia, la CIG (Confederación Intersindical Galega) que había convocado una huelga general en Galicia para el 19 de junio, ha decidido suspenderla y convertirla en una jornada de movilización con manifestaciones en 14 ciudades de Galicia, para dar al nuevo gobierno un cierto margen y exigirle “una recuperación real de los derechos en los próximos meses”.

Como lo importante son los hechos y no las palabras, habrá que estar bien atentos a las decisiones del gobierno y a la respuesta sindical. De momento, se mantienen las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT para el 16 de junio para pedir más igualdad, más salarios y más negociación colectiva. Será la movilización quien pueda convertir las ilusiones en hechos políticos concretos.

Presión y más presión

En los últimos meses la tendencia de la movilización va hacia arriba. Es todavía limitada, pero afecta a diferentes sectores y territorios y abarca conflictos de diverso tipo. Por ejemplo, la lucha contra la precariedad , que ha afectado a centros logísticos de Amazon y H&M; a los mal llamados falsos autónomos de empresas como Deliveroo; a las monitoras y monitores de centros escolares que se concentraron ante la Junta de Andalucía para exigir continuidad y jornada completa de trabajo; a los de ocio educativo de Madrid protestando por las subcontrataciones, o a las plantillas de elevadores y ascensores de Madrid. O quienes han ido a la huelga por el convenio , como en el metro de Málaga, o las limpiadoras y limpiadores de Palencia, o las subcontratas en Toledo de la empresa Airbus. También quienes han tenido que salir a la calle para defender sus puestos de trabajo como la huelga indefinida de la Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos. Y siguen las acciones de protestas, que ya duran meses, de las y los pensionistas que no se han conformado con el anuncio de aumento de sus pensiones en los Presupuestos Generales.

Correos en lucha

Son solo algunos ejemplos que expresan esa tendencia positiva y que ha tenido su mayor expresión en las últimas semanas en la movilización de Correos el 7 de junio. Paró el 80% de las plantillas y en las 60 concentraciones y manifestaciones salieron a la calle alrededor de 30.000 personas. Se protestó por el recorte de las partidas presupuestarias de 180 millones de euros en la financiación para la prestación del servicio postal público en 2017 y 2018, y se exigió un plan de empresa que permita la expansión en la paquetería, el e-commerce y que le permita salir de las cifras de déficit de 225 millones de euros (2017-2018). Casi sigilosamente se ha ido desmantelando la empresa postal pública, se han suprimido 15.000 puestos estructurales en la última década, y se ha impuesto un modelo de empleo basado en la eventualidad (35% de la plantilla), los tiempos parciales (22% de la plantilla), y contratos de días y horas. Un empleo low cost y unas condiciones laborales cada vez más precarias y un convenio congelado desde hace cuatro años. Los sindicatos denuncian que la reducción de plantilla y la supresión de oficinas dejará sin servicio a millones de personas y que se están desmantelando los derechos de la ciudadanía al servicio público postal, con la desaparición de miles de carteros y carteras sin que los poderes políticos estén haciendo nada para impedirlo, mejor dicho, para los sucesivos gobiernos del PP ese era su objetivo.

Si el nuevo gobierno no toma decisiones urgentes, los sindicatos mantendrán el calendario de movilizaciones: concentraciones autonómicas en junio y tres días de huelga total en el último trimestre.

Huelga en el metal de Cádiz

La siniestralidad laboral continúa siendo uno de los principales problemas en las empresas. La precariedad de la contratación y la falta de control y de recursos es un grave riesgo para la clase trabajadora. Las estadísticas siguen siendo escalofriantes. De abril 2016 a marzo 2017 se produjeron 492.347 accidentes laborales; entre abril 2017 y marzo 2018, 495.347. Los accidentes mortales bajaron de 496 a 475, pero los accidentes graves siguieron subiendo, de 3.636 a 3.742.

El 18 de mayo en una contrata en los astilleros de la bahía de Cádiz, dos obreros, de nombre Daniel y José Luis, perdieron la vida. Hubo reacción inmediata entre los trabajadores de la zona. El 21 de mayo se concentraron a las puertas de las empresas. Una asamblea masiva y emotiva decidía un paro de 24 horas en solidaridad con los compañeros y sus familias y exigía medidas urgentes contra la precariedad laboral y de control de la salud laboral. La agitación se fue extendiendo y para el 13 de junio se ha convocado una huelga general del metal en la bahía de Cádiz.

Es una muestra del malestar existente, de la necesidad de reacción y de que hay que cambiar las leyes que propician la siniestralidad en las empresas, que se concentran en tres aspectos: derogar la reforma laboral, medidas para reducir drásticamente la precariedad y medidas para el control de la salud laboral por los sindicatos y comités de empresa.

A la ofensiva

El cambio de gobierno es la ocasión para poner en práctica el lema que desde algunos sindicatos se ha estado defendiendo: ¡A la ofensiva! Los objetivos están bastante claros: recuperar derechos, echar atrás las leyes antiobreras y antisindicales del PP, recuperar salarios y empleo. Sin duda que para lograrlo habrá que tener en cuenta la correlación de fuerzas parlamentarias que, dicho por adelantado, no parece mayoritaria, por ejemplo, para derogar la reforma laboral (el PNV se abstuvo y el PDCat votó a favor) Pero, de la misma manera que parecía difícil echar a Rajoy, la situación puede cambiar si la presión en la calle crece, si la ofensiva se hace realidad.

En un artículo publicado para el 1 de Mayo decíamos: “Frente al dilema “o reparto o conflicto” hay una certeza: sin conflicto no habrá reparto. ¿Alguien se cree que sin un impresionante nivel de movilización será posible revertir la bochornosa desigualdad que sufre la mayoría de la población? […] La conclusión tendría que ser obvia: hay que dedicar más tiempo a organizar y preparar la movilización”.

Sirve también para las negociaciones con la Patronal de un acuerdo de aumento salarial. Según declaraciones del secretario general de CCOO, Unai Sordo, “la patronal nos está diciendo que mientras los dividendos se incrementan 17.000 millones y los beneficios en 36.000 millones, y el 80% de las pymes están en beneficios, los salarios tienen que seguir perdiendo poder adquisitivo. Y como esto es intolerable, no lo vamos a tolerar”. La Patronal parece enrocada en un aumento salarial en torno al 2%, mientras que los sindicatos demandan un 3% y que los convenios incorporen como salario mínimo 1.000 euros mensuales.

Hay que aprovechar el momento político. Si se ha podido echar al PP, se puede presionar al nuevo gobierno y hacer cambiar de opinión a la Patronal. Muchas fuerzas políticas unieron sus votos para acabar con la pesadilla Rajoy. Se pueden aunar muchas fuerzas sindicales, sociales, políticas para presionar, cambiar las leyes y mejorar la vida y el trabajo de millones de personas. Hay una respuesta: ¡A la ofensiva!

Fuente: http://www.sinpermiso.info